Hemos llegado a lo que es quizá el aspecto más difícil y polémico de la economía de donaciones: el problema de la legitimidad de las donaciones, sean explícitas o implícitas. Existe una discusión, íntimamente relacionada con este problema, acerca de lo que son donaciones y lo que no lo son. La discusión comprende asimismo la cuestión de la legitimidad del intercambio, que realmente no puede separarse de la de las donaciones, ya que el intercambio y las donaciones son métodos alternativos de organizar la sociedad. Si uno se considera legítimo en un caso particular, el otro poco menos que tiene que ser considerado como ilegítimo. La cuestión del límite adecuado entre la economía de intercambio y la economía de donaciones es la base de muchas polémicas políticas y económicas.
Explotación es una palabra que frecuentemente tiene un contenido mucho más emocional que intelectual. La explotación del hombre por el hombre es universalmente reconocida como una cosa mala. Existe un uso neutral de la palabra, en el sentido de la explotación de oportunidades o recursos, aunque a menudo el significado peyorativo se extiende incluso a este empleo. Recuerdo el viejo chiste de que el capitalismo es un sistema en que el hombre explota al hombre, mientras que bajo el socialismo ocurre todo lo contrario. Sin embargo, a pesar del hecho de que la palabra se emplea de manera amplia y retórica, se corresponde claramente con algún fenómeno del mundo real, y es importante tratar de darle un contenido intelectual claro a fin de que al menos podamos distinguir la explotación de la no explotación o incluso un tipo de explotación de otro. Las malas definiciones y el fracaso de la discriminación perceptiva es quizá la fuente más importante de mala política.
Propongo, por tanto, una definición funcional de la explotación como una donación o transferencia unidireccional de un bien intercambiable, sea explícita o implícita, que es considerada como ilegítima al menos por el donante. He empleado esta definición en lugar de la más estricta de las donaciones realizadas bajo coacción o amenaza, aunque la coacción es una fuente muy significativa de sentido de ilegitimidad, ya que no todas las donaciones realizadas bajo coacción son consideradas como ilegítimas. Así, los impuestos recaudados por un Estado ampliamente considerado como legítimo por los contribuyentes, son en cierto sentido recaudados bajo coacción. Esto es, son donaciones coercitivas. Sin embargo, los impuestos se admiten como legítimos porque ésta parece ser la única respuesta a lo que los economistas llaman el «principio del aprovechado»1. Como ha señalado W. J. Baumol2, es bastante racional que la gente vote coaccionarse a sí misma si todo el mundo es coaccionado de la misma forma. Si los Estados se mantuvieran mediante contribuciones puramente voluntarias, es muy probable que no estuvieran muy bien sostenidos, en cuyo caso toda la sociedad sufriría una insuficiencia de bienes públicos. Por consiguiente, no es sólo el elemento de amenaza o coacción el que crea un sentido de explotación, sino el sentimiento de ilegitimidad. El contribuyente no siente necesariamente que está siendo explotado por un Estado al que considera legítimo, pero cualesquiera impuestos recaudados por un Estado considerado ilegítimo pueden considerarse como una explotación.
Algunos pueden considerar esta definición insatisfactoria porque no es «objetiva», ya que la legitimidad es un fenómeno esencialmente subjetivo. La misma transferencia objetiva puede ser considerada como legítima bajo ciertas circunstancias y como ilegítima bajo otras. Sólo puedo defender la definición diciendo que así es como creo que es el mundo y que, no obstante, sin importar cuán subjetiva sea la legitimidad y cuán inseguro y difícil sea descubrir los principios que rigen la dinámica de la legitimidad, este concepto es el significativo. No tiene caso desarrollar conceptos fáciles que no son verdaderos. Vemos esto incluso en el caso extremo de un tipo de explotación tan evidente como la esclavitud, que en el mundo moderno es justamente considerada con aborrecimiento como una forma totalmente ilegítima de relación humana. En la actualidad podemos encontrar un consenso casi universal de que los esclavos están explotados, ya que producen más de lo que cuesta su mantenimiento, y de que este excedente no pasa a ellos sino a sus amos, no dándoles éstos nada a cambio. A causa de su capacidad de coacción, los amos pueden decir a sus esclavos: «Trabajas para mí por la mera manutención o te mataré.» Entonces, si el esclavo produce más de lo que cuesta su manutención, hace de hecho una donación al amo que no es distinta de la donación que una víctima hace a un bandido. Sin embargo, los propietarios de esclavos han afirmado que se parece más a la donación que el contribuyente hace a su Estado.
Allí donde la esclavitud es reconocida como legítima y ha habido sociedades en que tanto los esclavos como sus amos han considerado la esclavitud como legítima, o simplemente no han planteado la cuestión, el esclavo está simplemente pagando impuestos en especie a una autoridad legítima: su amo. Estos impuestos implícitos se pagan presumiblemente por el bien público de vivir en la sociedad, de igual forma que un ciudadano paga impuestos a su Estado sin que haya explotación. Así, la misma situación objetiva y las mismas transferencias objetivas de la esclavitud pueden ser consideradas como explotación bajo una concepción de la legitimidad y como no explotación bajo otra, aunque podamos considerar justamente la segunda perspectiva como «ilegítima». No podemos evitar reconocer en cualquier definición la abrumadora importancia de la estructura de la legitimidad, de las imágenes propias y de la aceptación de la explotación.
