Instrumentos para aumentar o disminuir la demanda agregada. 

Es imposible la instrumentación de un tipo de política cualquiera sin que haya algunos efectos de donaciones implícitas, y estos efectos rara vez se toman en consideración, en parte porque son muy difíciles de descubrir. Sin embargo, sólo porque un problema es difícil no significa que lo debamos abandonar. Los efectos redistributivos de la política fiscal dependen mucho de la forma específica que toman realmente los aumentos o las reducciones de impuestos, o los aumentos o las reducciones del gasto. ¿Quién paga los impuestos aumentados y quién se libra de pagar los impuestos disminuidos? ¿Quién recibe los gastos aumentados y quién deja de recibir los gastos disminuidos? Por supuesto, no existe una respuesta general a estas preguntas; ha de examinarse cada caso específico. 

Así, la reducción de impuestos de 1964 en Estados Unidos, que tuvo mucho éxito en lo que concierne a la política fiscal general, ya que ayudó a darnos una década de casi pleno empleo, puede muy bien haber tenido un efecto redistributivo a favor de los ricos. Tal como se hace, una reducción de impuestos casi siempre causa redistribuciones a favor de los ricos. Cuando las reducciones de impuestos toman la forma de concesiones a las empresas o de una disminución en la progresividad del sistema fiscal, las donaciones implícitas a los ricos pueden ser aún mayores. También por el lado del gasto gubernamental, las obras públicas frecuentemente benefician a los ricos más que a los pobres. Las subvenciones a la construcción de autopistas, por ejemplo, son una donación a aquellos que poseen automóviles, e incluso si el 80 por 100 de la población poseyera un automóvil, esto significaría una donación implícita a su favor y en contra del 20 por 100 que no lo posee, los cuales se encuentran, por lo general, en el nivel más bajo de renta.

Por ello, la política fiscal, como medio de lograr un pleno empleo estable, también habrá de examinarse a la luz de sus efectos redistributivos implícitos. Los déficits presupuestarios estatales, por ejemplo, tienen un efecto directo como aumento de la cantidad de dinero en manos del público, pero la pregunta, «¿qué público?» pocas veces se hace. En primera instancia, la redistribución de las existencias incrementadas de dinero pocas veces es uniforme, e incluso los efectos macroeconómicos de este incremento en las existencias dependen significativamente de quién los obtiene. Por ejemplo, si se dirigen principalmente a los ricos, a través de la reducción dc impuestos a niveles más altos, etc., los efectos van a ser muy diferentes de lo que serían si se dirigiesen a los pobres.

Los efectos distributivos de la llamada política monetaria han recibido aún menos consideración. El objeto de estas políticas consiste generalmente en hacer que los préstamos sean más baratos y fáciles de obtener durante momentos de depresión y más caros y difíciles de obtener durante períodos de inflación. El principal impacto macroeconómico, por lo tanto, recae sobre la inversión en lugar de sobre el consumo, aunque éste puede verse afectado por los préstamos a las economías domésticas, los préstamos hipotecarios, otras formas de crédito al consumo, y también por los cambios en la cantidad y en la distribución de las existencias monetarias. Los efectos redistributivos de estas medidas son generalmente desconocidos, pero no puede suponerse que sean insignificantes. De igual forma que es la parte más rica de la población la que emplea las autopistas, también es la parte más rica de la población la que emplea el crédito. Por consiguiente, unas condiciones más fáciles de obtención de créditos pueden operar fácilmente como una subvención a la parte más rica de la población, aunque también pueden posibilitar que, especialmente las administraciones locales, consigan créditos para fines que, de hecho, subvencionan a los pobres.

De igual forma, existe una cierta sospecha de que unas condiciones de crédito más restringidas pueden afectar más adversamente a los ricos que a los pobres; esto no es una conclusión inobjetable, y pueden, por ejemplo, conducir simplemente a redistribuciones entre los ricos. Los efectos redistributivos de unos tipos de interés más elevados son casi totalmente desconocidos. Una elevación de los tipos de interés redistribuye la renta en contra de las personas que pagan intereses y a favor de las personas que los reciben, pero si las personas que pagan intereses son más ricas o más pobres que las que los reciben, simplemente no lo sabemos. Hay estudios que sugieren que unos tipos de interés más altos discriminan contra los prestatarios más pobres, pero en qué medida, una vez más no lo sabemos.

Existen problemas parecidos al considerar los efectos redistributivos de la inflación. Estudios recientes han sugerido que la inflación no representa una carga muy pesada para los pobres, ciertamente en comparación con la deflación y el paro, que redistribuyen la renta en contra de los pobres y a favor de los menos pobres. Realmente desconocemos quién «paga» la inflación. Es evidente que ésta tiene que tener un considerable efecto redistributivo de donaciones implícitas. Perjudica a los pensionistas, a las personas que reciben rentas fijas, rentas «pegajosas» y rentas contractuales, y beneficia a los que realizan beneficios y a aquellos que se encuentran en buenas posiciones negociadoras. Sin embargo, aparte de estos amplios postulados sabemos muy poco acerca de cómo la inflación redistribuye la renta. Por ejemplo, hay alguna prueba de que en los períodos inflacionarios el salario de la mano de obra no organizada aumenta más rápidamente que los salarios de la mano de obra organizada. Esta conclusión puede parecer sorprendente a primera vista. Pero se deduce que uno de los principales efectos del sindicalismo y la organización del trabajo es hacer que la fijación de los salarios sea un proceso consumidor de tiempo, de forma que, en un período inflacionario, el mero tiempo que conllevan las negociaciones de los salarios de la mano de obra organizada crea un retraso, a pesar de ciertas cláusulas de los contratos sobre el coste de la vida.

El sistema de controles de precios 

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