Las rápidas negociaciones de la mano de obra no organizada alcanzan a la inflación muy fácilmente. El efecto opuesto se da en la deflación, cuando los salarios organizados permanecen elevados y los salarios no organizados se contraen agudamente. También sabemos que la inflación tiende a trasladar la renta en contra de los receptores de intereses y a favor de los receptores de beneficios. De nuevo, no sabemos realmente si los receptores de intereses son más pobres o más ricos que los receptores de beneficios. Una niebla de ignorancia parecida rodea a los efectos distributivos del control de precios, salarios y alquileres. Como hemos señalado, casi el único procedimiento administrativamente factible en este caso consiste en congelar un conjunto de precios, salarios o alquileres tal como vienen dados en una fecha determinada, y entonces establecer un aparato administrativo para ajustar las estructuras relativas cuando éstas queden obsoletas, bien por razones de cambios en la productividad o debido a algún sentido de injusticia de la redistribución.
Se ha descubierto universalmente que esta maquinaria administrativa nunca pone al día la alta tasa de obsolescencia de cualquier precio, salario relativo o estructura de la renta dados. En la producción y el consumo, tendemos a obtener escaseces y excedentes. Los bienes cuyos precios se fijan relativamente demasiado bajos tienden a desaparecer del mercado. La vivienda, bajo alquileres controlados, donde éstos son demasiado bajos, no se proporciona y se permite que se deprecie, no construyéndose así nuevas viviendas privadas. Si los salarios se fijan demasiado bajos para una ocupación particular puede producirse una grave escasez de mano de obra, y todas estas cosas crearán presiones para cambios administrativos. Este, sin embargo, es mucho más lento en respuesta a esta retroalimentación que el cambio en el sistema de mercado. El modelo general es que las tensiones se acumulan hasta el punto en que todo el sistema se viene abajo y debe abandonarse, o se disuelve en mercados negros.
Una vez más, los aspectos distributivos de estas políticas rara vez han sido estudiados y poco se sabe realmente sobre ellos. Es bastante posible, por ejemplo, que, bajo ciertas circunstancias, los terratenientes sean más pobres que sus arrendatarios, de forma que el control de los arrendamientos, que los hace descender, crea una donación implícita de los terratenientes más pobres a los arrendatarios más ricos. En los dos primeros períodos de control de precios y salarios que ha experimentado Estados Unidos en los últimos cuarenta años, durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra de Corea, parece haber habido un cambio en la distribución de la renta nacional a favor de los perceptores de salarios y en contra de los perceptores de beneficios, sugiriendo quizá que el control de los precios es más fácil que el control de los salarios. Será interesante ver si ocurre lo mismo en el experimento de control de precios y salarios de 1971-1972. Lo que es seguro es que los controles de salarios, precios y alquileres casi siempre crean unas donaciones implícitas de renta bastante grandes, redistribuciones sobre las que generalmente sabemos muy poco.
Otro campo en el que las donaciones implícitas han sido casi completamente olvidadas es el de las políticas de conservación y medio ambiente, y el de las inversiones públicas en cosas tales como proyectos hidráulicos, control de inundaciones, proyectos de irrigación, puertos, carreteras, puentes; todos los cuales están pensados presumiblemente para alterar el medio ambiente en favor del hombre. La norma que se suele aplicar para justificar estas inversiones o alteraciones estructurales es la del análisis costebeneficio: un intento de calcular en términos monetarios los costes y beneficios totales de un proyecto. Aunque frecuentemente éste es un procedimiento bastante ritual proyectado para justificar una decisión adoptada antes de realizar el análisis, ciertamente es mejor tener un análisis costebeneficio que no tener nada.
Por otra parte, la distribución de los costes y los beneficios está casi universalmente olvidada. Por ejemplo, el hecho de que los beneficios pueden ser recibidos por un conjunto de personas bastante diferente de aquellos que pagan los costes rara vez se toma en consideración. Existe la fuerte sospecha de que es probable que los beneficios de todo tipo de proyectos medio ambientales y de desarrollo recaigan sobre la parte más rica de la población, y que los costes son demasiado frecuentemente pagados por los pobres, simplemente a causa de su debilidad política. Así, los beneficios de proyectos públicos tan virtuosos como el Tennessee Valley Authority, el National Park Sistem, el Soil Conservation Service, el Bureau of Reclamation y el Army Corps of Engineers, muy a menudo van a parar a la parte más rica de la población. Las personas pobres no disfrutan de los parques nacionales, no acampan en los bosques nacionales, no hacen vela en los lagos producidos por el T.V.A. o por el Army Corps of Engineers; e incluso es probable que las personas protegidas por planes de control de inundaciones sean los propietarios que han tenido la poca previsión de construir en llanuras inundables. Las personas pobres pueden no verse directamente perjudicadas por estos proyectos y, en la medida en que el sistema impositivo sea progresivo, pueden no verse perjudicadas en absoluto. Las redistribuciones pueden tener lugar dentro de la parte más rica de la población. Sin embargo, la posibilidad de que los pobres puedan sufrir a causa de estos proyectos, por otra parte, virtuosos, pocas veces, si es que alguna, es tomada en consideración, y estas cuestiones deben plantearse siempre. Quizás sea un reflejo del hecho de que la teoría económica ha estado obsesionada con el intercambio y no ha reconocido la importancia del elemento de donaciones en la economía de modo que la teoría de la «incidencia», que es de lo que realmente hemos estado hablando en este capítulo, ha estado confinada en gran medida a aquellas donaciones públicas explícitas realizadas a través del sistema fiscal. El hecho de que exactamente el mismo problema de incidencia surja en cualquier política pública ha sido, sorprendentemente, olvidado.
