Las licencias a particulares crean una estructura de donaciones implícitas de igual forma que las licencias a la propiedad, aunque su incidencia puede ser menos grave, principalmente porque las personas son, a menudo, menos duraderas y más móviles que la propiedad. Así, el licenciamiento profesional sea de doctores, enfermeras, profesores, podólogos, peluqueras, barberos o fontaneros tiende a crear donaciones implícitas a su favor. Las prácticas restrictivas de las asociaciones médicas aumentan indudablemente las rentas de los médicos por encima de lo que serían si esas restricciones no existieran. Se afirma que estas restricciones son necesarias con el fin de proteger al público de los practicantes no cualificados, y hay algo de verdad en esta afirmación.
Sin embargo, la tentación de ampliar estas restricciones más allá de lo que es estrictamente necesario para proteger al público parece ser casi irresistible, desarrollándose casi inevitablemente una estructura de donaciones implícitas. Una solución que ha sido recomendada para este problema, aunque no es de aplicabilidad universal, es que, allí donde el licenciamiento es considerado como socialmente necesario, las licencias deben subastarse, en cuyo caso el valor de las donaciones implícitas que conllevan sería capturado por el Estado y, por tanto, su incidencia sería ampliamente distribuida entre la sociedad. Por supuesto, esto significa que el Estado perdería mucho de su control sobre quién obtiene las licencias y que éstas ya no podrían ser empleadas como un instrumento de poder y control políticos. Para aquellos que sospechan del control político sobre las personas, esto sería una ventaja en lugar de una desventaja. También se afirma que tan sólo los ricos serían capaces de obtener las licencias. Esto es una falacia. Sólo aquellos que son más capaces de emplearlas serían capaces de obtenerlas. El que ciertos defectos del sistema financiero podrían impedir que aquellos que podrían emplear bien las licencias pudieran pujar por ellas a causa de la ausencia de facilidades de crédito es, digamos, otra parte del bosque, ya que el problema de la justicia y la democratización del crédito es algo que ha de tratarse separadamente.
En realidad, la estructura de donaciones implícitas del sistema crediticio y financiero es un problema de gran interés que ha recibido poca atención. Puede haber un sistema de contingentes y licencias informales, tanto en el sistema bancario privado como en el público, que favorezca a un conjunto de consumidores potenciales a costa da otros. Los mercados financieros son tan imperfectos sencillamente porque las mercancías con las que tratan, tales como la credibilidad, están tan poco normalizadas que el racionamiento de los préstamos bancarios es casi inevitable. Un banco no ajusta la cantidad total de sus préstamos por medio de ajustes diarios de sus tipos de interés para así intentar alejar los suficientes clientes potenciales hasta conseguir alcanzar el volumen deseable de préstamos. Con los tipos de préstamos existentes en tiempos de prosperidad, hay generalmente más prestatarios que los que el banco quiere favorecer, y menos en las depresiones.
En ambos casos el banco debe ejercer una discreción basada en su juicio sobre la credibilidad del solicitante, y esta discreción conduce fácilmente a la restricción. El racionamiento de este tipo, sin embargo, siempre conduce a algún tipo de donación implícita, ya que aquellos que tienen acceso al crédito se benefician en parte a costa de los que no lo tienen. La democratización del crédito es quizás uno de los fenómenos más dignos de atención en los últimos cien años, habiendo recibido muy poca atención, tanto respecto a sus causas como a sus efectos. Hemos visto un gigantesco incremento en la proporción de la población que tiene acceso a créditos de diferentes tipos, y los resultados son inevitablemente reducir las donaciones implícitas que conlleva el sistema de crédito. No obstante, estas donaciones aún se mantienen, y como son tan difíciles de identificar, es muy difícil hacer algo con ellas. Un campo de discusión muy olvidado en la ciencia económica son los efectos redistributivos o de donaciones implícitas de las políticas monetaria y fiscal.
Por política monetaria y fiscal queremos designar generalmente aquellas regulaciones o acciones del Estado que están proyectadas para evitar el paro y la inflación, a través de operaciones que afectan a la cantidad de dinero y deuda pública o a la composición y naturaleza de sus diversos tipos. Por política monetaria designamos generalmente aquellas acciones o regulaciones que operan principalmente a través del sistema bancario y los mercados financieros; por ejemplo, variaciones en los tipos de redescuento del banco central, en las obligaciones sobre reservas de los bancos, o en las operaciones directas en el mercado abierto de un banco central, mediante las cuales aumenta o disminuye la cantidad total de las reservas bancarias, modificando así las políticas de préstamos del sistema bancario y financiero. Por política fiscal designamos generalmente aquellas manipulaciones de la estructura fiscal y de gastos públicos, y también, hasta cierto punto, la manipulación de la estructura de la deuda pública, que alterarán la cantidad de dinero y otros activos del tesoro en manos del público. Así, si el Estado tiene un déficit (toma menos dinero del que paga), esto produce evidentemente un aumento en los saldos del público. Si compra la deuda pública, disminuye la poseída por particulares, etc.
